Blind representatives entering the European Parliament on 13-4-2011
“You can vote against us, you can try to defeat us. Go ahead and oppose a legally binding treaty for our right to read. But, remember, we shall not accept anything less than a new international legal norm.” clearly stated Rodolfo Cattani, leader of Italian Blind Union and secretary general of the European Disability Forum in response to the disturbing European Commission and EU member state opposition to the WIPO Treaty for the Visually Impaired. As another NGO representative added: “The technology exists for blind persons to access most books; it seems the political will does not.” The Commission and many European Governments, while paying lip service to the “book famine” suffered by blind persons, simply reflect the result of years of heavy industry lobbying against any international exception to copyright, even if it would have negligible or no economic impact on the publishing trade.
Over a hundred people participated in the conference “Fair Access to Culture and the Right to Read of Visually Impaired Persons” sponsored by MEPs Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger and Francisco Sosa Wagner from Italy, Austria and Spain, respectively. The organization of the conference was supported by the European Blind Union and the TransAtlantic Consumer Dialogue. Approximately half of the participants were members of visually impaired organizations who travelled to Brussels from Italy, Germany, UK, Spain, Belgium and France. Also attending this event were European publishers and authors organizations, internet server provider representatives, digital rights NGOs, consumer organizations, dyslexic groups and associations of librarians. A number of other Members of the European Parliament, such as Patricica Toia, Christian Engstrom, Malika Ben Arab and Helga Truppel, also participated.
It has become evident that in any open debate the moral and legal logic of the Treaty for the Visually Impaired will prevail and convince. The problem resides in the opaque, dishonest European Union decision making process for common positions at UN institutions like the World Intellectual Property Organization that will make a decision on the Treaty in June. For the past few years there has been a EU Council working group on this issue that has brought together representatives from the 27 EU member states. Unfortunately, these meetings are secretive and there is no way of knowing what is the position of each government. This lack of democratic transparency prevents any accountability for the EU opposition to the Treaty and permits the cynical contradictory spectacle of the European Commission fighting against the Treaty behind closed doors while most European politicians publicly support it! While copyright fundamentalists rule the back rooms of Brussels power brokers, no ones seems to want to openly assume the responsibility of slamming the door in the face of millions of visually impaired persons around the world.
According to some sources, France is leading the hard-line position against the Treaty. Last Monday the French Minister of Culture Mitterrand was handed a letter in favor of a legally binding Treaty at WIPO that was signed by French MEPs from all the major political parties, including Sarkozy´s UMP.
It should be obvious to all that fair copyright laws must be built upon social credibility and legitimacy. If present copyright laws prevent millions of disadvantaged citizens around the world from gaining and sharing access to culture and knowledge, new international norms are needed. Our political institutions must be sensitive and responsive to this growing demand.
"La postura del mundo clásico del copyright
es más una lastimosa resistencia ludita
que un compromiso ilustrado."
Francis Gurry,
Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Unas eficaces leyes de derechos de autor exigen una alta credibilidad social y una amplia aceptación pública, lo que no es el caso hoy en día. El hecho de que un gran número de ciudadanos de la UE "violen" el copyright en sus prácticas cotidianas con respecto a la música, el cine, el software, la fotografía y la literatura, no quiere dicer que tenemos millones de "malos ciudadanos". Contrariamente, esta situación anómala nos informa sobre las disfunciones de unos mercados no competitivos, de una rígida e injusta gestión colectiva de derechos de autor, de unos modelos de negocio anacrónicos y unas estructuras de precios hinchadas y poco realistas.
Contrariamente a lo que quisieran admitir algunos políticos fuertemente seducidos por los lobbys industriales y por las sociedades de autores, una fuerte protección del copyright no emana por arte de magia de unas sanciones y medidas penales cada vez más estrictas, sino que sólo puede ser construida a partir de unas leyes justas y equilibradas que son fruto de un amplio pacto social. Si se aprueban unas leyes sin la comprensión ni el apoyo de gran parte de la ciudadanía, su aprobación puede ser una victoria pírrica por no plasmarse nunca en las prácticas sociales cotidianas.
El principal reto para la financiación de la cultura, los medios de comunicación y la innovación es el fortalecimiento de nuevos modelos de negocio viables que pueden prosperar en el entorno digital mediante la creación de redes flexibles que son capaces de capturar la imaginación y creatividad individual y social. Por el contrario, estaríamos totalmente equivocados al orientar la atención principal legislativa y social hacia la "piratería" ya que sería desviar un tiempo precioso de la importante tarea de sacar todo el mejor potencial del entorno digital. Aún peor error sería intentar trasladar las mismas normas legales del mundo físico al flujo de datos por el ámbito digital.
Recientes estudios internacionales han demostrado que las nuevas medidas civiles y penales en defensa de derechos de autor no han sido eficaces en la reducción de la incidencia social de la piratería digital. Este es especialmente el caso en el Sur, donde los acuerdos de libre comercio con la UE suelen exigir duras medidas “anti-piratería” a pesar de hecho de que la gran mayoría de los habitantes del Sur no pueden permitirse el lujo de comprar los caros productos culturales de las multinacionales del Norte. En todo caso, las personas se esfuerzan e idean estrategias para acceder a la cultura y el conocimiento por cualquier medio posible; en gran parte del mundo la "piratería" en no una opción, sino una necesidad sin alternativas.
"La piratería" no ha reducido el gasto cultural en la UE según lo revelado por estudios recientes. La cantidad de dinero gastado por los consumidores en la UE sobre los bienes culturales, conciertos y el cine se ha mantenido o, incluso, se ha incrementado en los últimos años. Si bien ha habido una disminución de los gastos en los CDs, esto ha sido compensado por un aumento de otras formas de consumo cultural que incluye cine, teatro, conciertos y otros eventos. Así, los gastos culturales de los europeos se ha trasladado simplemente de un "consumo físico" de los productos culturales hacia unas "experiencias culturales" ya sea en vivo o en formato digital.
Las redes sociales e Internet en general, se han convertido en la ruta clave para llegar a una audiencia para los nuevos grupos musicales y otros creadores. Hace años, muchos músicos iban en giras de conciertos con el fin de vender CDs, mientras que ahora suelen producir Cds con el objetivo de buscar compromisos para conciertos. En muchos casos, las actuaciones en vivo y las crecientes ventas digitales están comenzando a sustituir los ingresos de las regalías distribuidas por sociedades de autores.
Para muchos nuevos músicos la única cosa peor que la piratería digital es que su música no sea pirateada en absoluto y no se escuche, lo que significa que su música seguiría siendo desconocida y sin posibilidades de llegar a un amplio público. La cuestión no es si se copiará o no se copiará, sino de cómo aprovechar de la copia para crear nuevos modos de conseguir unos ingresos razonables para los creadores.
La misma industria y las sociedades de autores que empujan la agenda de nuevas leyes represivas de copyright están erigiendo unas barreras en contra de los nuevos modelos de negocio. Apoyan unas rígidas leyes de exclusividad nacionales que impiden la necesaria economía de escala para unos precios competitivos y siguen imponiendo un sistema con fuerte poder de los intermediarios que daña los intereses económicos de los consumidores y de los creadores. Desafortunadamente, la mayoría de las sociedades de gestión colectiva del copyright y la industria de entretenimiento se oponen a las medidas que pudieran crear un mercado digital en toda la UE y el fin al monopolio rígido nacionales en la concesión de licencias y la gestión de derechos de autor.
Para la mayoría de los funcionarios de la Comisión Europea, los "afectados" solo son la industria. La mayoría de los oficiales y políticos de la UE sólo escuchan a las empresas de música y de sociedades de gestión colectiva pero hacen caso omiso de los consumidores que quieren un precio razonable y una mayor facilidad de acceso al mercado y los productos culturales de calidad. A menudo, el proceso de elaboración de las políticas comunitarias en materia de propiedad intelectual en la Comisión Europea ha sido secuestrado por unos lobbys que solo representan a los principales productores de contenidos culturales. Por el contrario, los intereses de los ciudadanos consumidores, activistas de derechos digitales y ONGs globales, se escuchan pero rara vez se toman en cuenta en la formulación de importantes propuestas sobre el derecho de autor.
Cuando las personas pueden comprar on-line a precios muy competitivos, muchas lo prefieren. El valor añadido de calidad, información adicional y la legalidad son importantes para muchos consumidores europeos. La elección ante nosotros es entre un modelo con una “piratería” masiva, unos precios artificialmente altos y la gran intervención de intermediarios, o bien otro modelo con un nivel moderado de piratería junto a unos precios más bajos, una relación más directa entre los creadores y los consumidores, y con menos ganancias para los intermediarios.
Además, debe ser democráticamente cuestionable el legislar leyes contra la piratería para su exportación al resto del mundo, sobretodo si no son compatibles con las garantías procesales jurídicas y otros derechos fundamentales de la ciudadanía. Se ha observado en muchos países que es imposible el hacer cumplir draconianas normas de derecho de autor sin poner en entredicho los derechos civiles y la privacidad. Esta es una situación “perder-perder”: por un lado la represión legal no funciona significativamente en contra de la descarga ilegal, mientras que, al mismo tiempo, estas normas acaban vulnerando a la privacidad, la protección de datos personales y el funcionamiento normal de las garantías judiciales sobre derechos básicos.
Un ejemplo de las salidas que ofrece internet es el del proveedor de música a bajo-coste Spotify. Otras posibles formas diferentes de financiación de la cultura son las contribuciones creativas, las tarifas planas, la microfinanciación, las cooperativas digitales y la publicidad, entre muchos otros. No exite una única solución mágica, ni una solución única para todos. Sólo una combinación de la flexibilidad, la reforma del derecho de autor y planes innovadores de marketing pueden compatibilizar la libertad digital con la mejora económica.
Algunas de las acciones institucionales necesarias son las siguientes:
* Cambiar las normas de la UE de gestión colectiva para facilitar la concesión de licencias en toda la UE, el fin de la exclusividad de las sociedades de gestión colectiva y, en general, avanzar hacia una mayor flexibilidad para promover precios más bajos y una relación más directa consumidor-creador.
* Introducir mecanismos flexibles de "fair use" en la UE como ya existe en EE.UU para poder promover el acceso a la cultura , nuevos modelos de negocio y de crear un entorno de derechos de autor más justo, sensato, equilibrado y creíble.
* Maximizar el uso de las excepciones y limitaciones a los derechos de autor con el objetivo de fomentar un ambiente de amplia competencia entre competidores legalmente autorizado. Aprobar el Tratado de la OMPI de excepción al copyright para las personas con una discapacidad visual.
* La aplicación estricta y cumplimiento de las normas legales sobre competencia sobre las posiciones de dominio de mercado de las empresas de explotación de contenido, la lucha contra la fijación de precios y la imposición términos de licencia en condiciones comerciales irrazonables y en condiciones injustas para los artistas.
* Aprobar un marco comunitario europeo para facilitar el acceso a millones de “obras huérfanas” para investigación, nuevos modelos de negocio y el uso social.
David Hammerstein, TACD
Getting beyond the futile, damaging “war on digital piracy” and the “enforcement agenda”
“Classic copyright world´s stance is more one of sorry luddite resistance than enlightened engagement.”
Francis Gurry, Director General of World Intellectual Property Organization
Effective copyright laws need social credibility and broad public acceptance; this is not the case today. The fact that a large proportion of EU citizens “violate” copyright law in their daily practices with regards to music, film, software, photography and literature does not tell us that we have millions of “bad citizens”. Instead, this predicament informs us upon the shortcomings of noncompetitive markets, rigid models of collective management of copyright, archaic business models and unrealistic pricing structures.
Contrary to what some heavily-lobbied politicians might believe, strong copyright protection does not magically emanate from an “enforcement agenda” of ever-stricter penalties and criminal measures but instead can only be built from fair, balanced and socially understood laws and practices.
The principal challenge for the sustainable financing of culture, media and innovation is the establishment of viable business models that can thrive in the digital environment by creating flexible, shared networks that capture both individual and social imagination. To continue focussing legislative and social attention on “piracy” is to divert precious time and energy away from the important task of harnessing the full potential of the digital environment.
Recent international studies have shown that new copyright enforcement measures and laws have not been effective in lowering the general incidence of digital piracy. This is specially the case in the Global South where EU free trade agreements often aim at extending the European “enforcement agenda” to the rest of the world despite the fact that most citizens of the developing world cannot nearly afford over-priced cultural products dominated by a few Western companies. People strive to access culture and knowledge by any means possible; in much of the world “piracy” in not a choice but a necessity.
“Piracy” has not reduced cultural spending in the EU as revealed by recent studies. The amount of money spent by consumers in the EU on cultural goods, concerts and cinema has either maintained or increased in recent years. While there has been a decrease in expenditures on CDs, this has been compensated by an increase of other forms of cultural consumption including cinema, theatre, concerts and other events. Cultural expenditure has simply shifted from “physical consumption” to mainly “cultural experiences” either live or digital.
Social networks and Internet in general have become the key path for reaching an audience for emerging musical groups and other creators. Years ago many musicians went on concert tours in order to sell CDs while now they make a CDs to get concert engagements. In many cases live performances and growing on-line sales are starting to substitute income from royalties distributed by collecting societies.
For most new musicians the one thing worse than digital piracy is not being pirated at all, which means their music would remain known and without future possibilities. The question is not whether copying will exist or not but instead of how to take advantage of copying to create new, reasonable forms of income for creators.
The same industry and collecting groups pushing repressive copyright enforcement laws are holding up the barriers to new sustainable business models through rigid national laws that prevent economy of scale and continue imposing a system with strong intermediary power that damages the economic interests of both consumers and creators. Unfortunately, most collecting societies and industry oppose measures that will create a EU wide digital market, the end of exclusivity and the end to rigid national monopoly for licensing and copyright.
For most EU authorities the “stakeholders” are industry. Many EU politicians only listen to music companies and collecting societies and totally ignore consumers who want reasonably priced easily accessible quality cultural products. Often the EU policy making process on intellectual property at the European Commission has been captured by a concentrated group of interests representing major content producers. In contrast, the interests of consumers, digital rights activists and global social justice NGOs are only listened to but rarely taken into account in important European Commission policy proposals on copyright.
When people are able to buy on-line at very competitive prices, people do. The added value of quality, extra information and legality are important to many European consumers. Our choice is between one with massive piracy, higher prices and great intervention of intermediaries or a moderate level of piracy with lower prices, more direct relationship of creators and consumers with lower intermediary profits.
It is democratically questionable to legislate anti-piracy laws, and to export to them to the rest of the world, if they are not compatible with legal due process and other fundamental rights. In many cases it has been observed that it is impossible to enforce draconian new copyright rules without threatening civil rights and privacy. This is a lose-lose situation: the laws do not significantly slow illegal downloading while they do affect privacy, data protection and the normal workings of judicial guarantees.
Low cost music suppliers like Spotify and others offer one of many business models facilitated by Internet. Other possible different forms of financing culture are creative contributions, flat-rates, micro-financing, digital cooperatives and advertisement, among many others. There is no magic solution, no one size fits all. Only a combination of flexibilities, copyright reform and innovative marketing schemes can harmonize digital freedom and economic sustainability.
Some of the institutional actions needed are the following:
* Change EU collective management norms to facilitate EU wide licensing, the end of exclusivity of collecting societies and, in general, greater flexibilities to promote lower prices and more direct relationship creator-consumer.
* Introduce flexible “fair-use” mechanisms in EU to promote new business models and to create a more balanced and credible copyright environment.
* Maximize the use of copyright limitations and flexibilities toward the goal of fostering an environment of broad competition between legally authorized (e.g. licensed on reasonable terms) competitors; Approve the WIPO Treaty for the Visually Impaired.
* Exercise to the fullest competition law restrictions on the market power of content-holding firms, against price fixing in the digital spree and with strong duties to license on reasonable commercial terms and against licensing terms that restrict competition, cross-border commerce and unreasonable terms for artists.
* Approve an EU framework to permit easy access to millions of orphan works for research, new business models and social use.
David Hammerstein, TACD
“The creation of a civilized internet” is what French President Nicolás Sarkozy proposed a few days ago for the agenda of the upcoming G-8 meeting. President Obama has also agreed to give priority to the issue of “taming the web” at the meeting of the most powerful countries. There seems to be a certain coincidence of interests in favor of varying degrees of repressive digital measures from a broad coalition formed by intellectual property hardliners, rabid wikileaks critics and a number of big brother authoritarian governments like those of Egypt or China.
Along the same lines, Pedro Velasco Martín, in representation of the
European Commission opened Tuesday´s stakeholders meeting in Brussels
on ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) with a revealing and
loaded question: “Should the Internet be a haven for lawlessness or
should it be treated equally to the physical world?”
It seems rather shocking that one of the people who has been in charge of the
EU’s negotiating positions for the last three years on ACTA would
express such a lack of appreciation of the unique democratic, social and cultural
roles performed by the digital environment that are very distinct from
the workings of “the physical world”.
Before considering the content of the proposed treaty Mr. Velasco spoke of the timetable for its ratification. The ACTA agreement that has been hammered out by 37 countries (27 of which wererepresented by the European Commission and the EU Council) will be soon
officially adopted officially by the EU Council of Ministers and then
submitted to the European Parliament for its “assent” (a yes or no
vote). What is not clear, due to inconclusive legal interpretations by the Commission, is
whether ACTA must be approved by each of the 27 national parliaments of
EU member states. If member state parliament approval is required the
ratification process could last up to two years. If not, the fate of
ACTA could probably be decided within the next five or six months.
Also on an important procedural level, Mr. Velasco was asked why the European Commission “initialized” their approval of ACTA last November without first informing the European Parliament of this important decision as stipulated by the Lisbon Treaty. After trying to dodge the question by mentioning the mere presence of Commissioner De Gucht in Strasbourg, he had to admit that he could not answer this without first consulting his legal services.
He would also not comment concerning the court case that has been brought before the European Court of Justice against the EC for its application of the “McCoy agreement” on the confidentiality of “maintaining the confidentiality of documents”. Curiously, McCoy is the US Trade Representative. The EC is accused of not fulfilling the EU legal requirements of transparency and parliamentary information. Throughout the negotiation process the EC negotiators insisted that they had to be “loyal” to their US partners with regards to transparency. Apparently they might have been more loyal to Mr. McCoy that they were to EU law and to European Citizens.
Mr. Velasco’s double-speak became especially strong when he affirmed that while
ACTA did not change any “existing Community Acqui”, EU member
states would be forced to change their laws to conform with the new treaty.
While ACTA does not harmonize criminal penalties in Intellectual Property enforcement on an
EU level, it could have an impact on the laws of 27 EU countries, one of
which he said was already in the process of changing its legislation. In
other words, the EC accepts that ACTA is a classic exercise in legislation
laundering in order to enact tough IP enforcement measures through the back door of an international negotiation. In this way a tough political debate on IP in the open arena is avoided and substituted by the opaque maneuverings and back-room horsetrading of EU member-state leaders who deeply fear the broad defense of fundamental rights in the digital sphere supported the majority of European public opinion. Needless to say, the ACTA “country club approach” that limits public debate much preferred by the lobbyists, like the US Chamber of Commerce, that are behind ACTA.
When asked about the binding nature of ACTA in the EU and the fact that it is not considered a binding agreement by the US, and is not even called a “Treaty”, he responded that it is not the EU´s problem if the US considers the ACTA treaty differently and the EU ignores the issue of whether ACTA contradicts US law or not. When Velasco was pressed on the issue of US official insistence that ACTA will not change a number of US laws that conflict with ACTA or with a recent US Supreme Court ruling on limits to IP damages and penalties that indirectly declares ACTA-like rules “unconstitutional”, he showed a great deal of uneasiness and evasiveness. According to a number of reliable sources an official but confidential Library of Congress study commissioned by the US Senate has apparently certified that ACTA clearly goes beyond US law in a number of instances. At the same time, contrary to the intentions of the European Commission in Europe, the Obama Administration has no intention of enforcing the articles of ACTA on US territory and exclusively views ACTA as a “strong benchmark” to be imposed upon trading partners in Asia, Africa and Latin America by means of future free trade agreements. The EC representative did not respond to the question of whether this “practice what I preach, not what I do”, free-rider attitude by the US, along with its “fair use” norm, could give the EU´s main negotiating partner a competitive advantage of the EU in developing emerging business models.
Mr. Velasco was also asked about the ambiguous and potentially all-encompassing definition of “commercial scale” that in the ACTA text refers to any “direct or indirect economic gain” that can be applied to individual file-sharing with no commercial objectives. He admitted that this definition of commercial scale contradicted the much narrower one approved by the European Parliament but dismissed the opinion of European democratic representatives with the argument that it was never enshrined into any existing legislation.
The EC also denied that the damages, injunctions or other remedies sections of ACTA would have any impact on the future access to orphan works in the EU by placing future legislation in a straightjacket. He repeatedly confused orphan works with “exceptions to copyright” that he stated the EC respected. When asked about a possible future legal enshrinement of “fair use” of copyrighted works in the EU and how ACTA could inhibit this, he insisted that “fair use” was a non-European concept and practice that was not relevant for the EU. When queried a number of times about ACTA possibly slowing the growth of new digital business models that need flexible rules as well as restricting the access to knowledge, he proclaimed that “history will show who was right.”
The EC representative admitted that ACTA is only one link in a much longer chain of EU new legislation related to IP enforcement with the same logic that will be presented in the coming months by the EC. He was probably referring to new proposals on criminal measures (IPRED), collective management of copyright, orphan works and data protection, among others.
Velasco emphatically and repeatedly challenged the stakeholders present to present “one concrete case of how ACTA violates fundamental rights”. He insisted that IP enforcement measures “have nothing to do with fundamental rights”. When questioned about the EU´s Data Protection Supervisor´s scathing critique of ACTA with regards to privacy, he dismissed his complaints by saying the EC had responded to the Supervisor in a letter. He affirmed that no one should worry about the violation of fundamental rights by ACTA because the text reaffirms its adherence to international human rights safeguards and guarantees. In consequence, no fundamental rights impact evaluation is necessary as has been requested by Commissioner Vivienne Redding.
The EC representative refused to answer why the EU was seeking binding IP enforcement measures but at the same time adamantly rejected the internationally recognized fundamental “right to read” of the visually-impaired and print-disabled as demanded by the European Blind Union and the majority of non-EU countries in their proposal of a legally binding Treaty at WIPO in favor of an exception and limitation of copyright for millions of blind persons worldwide. Here there seems to be much more sensitivity shown by the European Commission to the requests of Hollywood (as revealed by Wikileaks) than a clear compliance by the EU with the UN Convention for the Rights of Disabled Persons.
Concerning third-party liability he said that internet service providers´ liability is no more in ACTA than in existing EU lawand that intermediaries already have to show more responsibility.
In order to justify bypassing the relevant UN institutions with ACTA and its new institutional instruments, Mr. Velasco repeated the now classical and tiresome whining about the lack of cooperation and inoperancy of the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization: “We can´t even get our IP enforcement proposals on the agendas of the WTO and WIPO. They refuse to consider new measures for the enforcement of existing international law.”
What a terrible burden European Commission officials like Pedro Velasco must bear in their historic crusade to “civilize” the internet! Especially when the natives are restless in the wild digital jungle!
Running away from Stevie Wonder in Geneva
Stevie Wonder spoke and sang before the World Intellectual Property Organization (WIPO) General Assembly this week in Geneva in favour of ending the "book famine" for the visually impaired. He passionately challenged the international community to take action to guarantee right to read for millions of print disabled around the world. Many of us were moved by his words and music but others remained indifferent, especially some European countries like France. In fact, when Spain and other EU members proposed to issue a statement saying that the EU "accepts the challenge posed by Stevie Wonder" to increase the access to reading material for blind persons, the French representatives flatly refused to accept any mention of Stevie Wonder due to their copyright fundamentalism.
For Sarkozy´s France it seems that no flexibility or exceptions are possible. In their all out war in defense of copyright "no prisoners will be taken". France and other countries like Germany insisted that there shouldn´t be any shadow of doubt concerning the total rejection by the European Union of the World Blind Union´s proposal for a Treaty for the Visually Impaired and Print Disabled that has been sponsored by Brazil, Ecuador, Paraguay and Mexico. It is quite surprising that countries like France that have clear legal exceptions to copyright for the visaully impaired inside their countries do not wish to extend this norm to the rest of the world so that formatted works could flow to the millions print-disabled of the South.
At the same time EU countries and the US were dragging their feet on confronting the "Book Famine" of the print-disabled in Geneva, their chief negotiators were hard at work in secret talks "16 hours a day" in Tokyo, hammering out the last details of the ACTA agreement that proposes very strict and repressive enforcement measures of copyright and patents. In contrast, It seems that when it comes to helping one of the most disadvantaged groups in the world, the visually impaired, there is no sense of urgency and no need to take legally binding measures. On IP issues the EU and the US practice a "carrot and stick" diplomacy with lots of big sticks "to fight piracy" and very few small carrots for the access to culture, education and technology transfer. In our view they are eroding the credibility of international IP governance by exclusively focussing on protecting the accumulated rights and vested interests of a few Northern business models while giving a cold shoulder to new innovative industries, consumers, internet users and citizens of the global South.
Instead of the legally binding treaty brilliantly and passionately defended by Latin American diplomats, the EU prefers voluntary "stakeholder" agreements that depend on the "good will" and "self-regulation" of publishers and rights-holders in order solve the copyright barriers suffered by the visually impaired. (In contrast, this week the EU and the US supported legal treaties at WIPO for broadcasters and audio-visual performers). Both the EU and the US feel it would be "a dangerous precedent" to open the gate to legal limitations and exceptions to copyright, even if it is for blind persons´ non-profit organizations. They are sure that if this proposal goes forward, other legal exceptions will be proposed by Africa for libraries, archives and textbooks in what they call "the slippery slope" toward the weakening of international copyright law. On the contrary, supporters of flexibilities of copyright believe that fair exceptions could improve the general credibility and social acceptance of copyright governance.
"I just called to say I want to read" might be the title of Stevie Wonder´s next song. Wonder told WIPO that if they do not act he would be forced to write a song "about what they didn´t do".
The fight for the "right to read" is gaining momentum and getting stronger around the world. By the time the issue is considered at WIPO in November at the Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) there are some signs that real progress will be made to set a road-map for a fairer copyright system that places the plight of millions of people before the supposed business interests of a few. We just all need to push a little harder.
David Hammerstein, TransAtlantic Consumer Dialogue
LA PROPIEDAD INTELECTUALAL SERVICIO DE LA CONTAMINACIÓN
Y CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS
Ahora resulta que mediante la "policía del copyright" y con la ayuda de Microsoft se puede perseguir a los ecologistas. Utilizando la excusa de los derechos de autor del programa Microsoft Windows, los abogados de Bill Gates cooperan en la detención de los defensores del medio ambiente en Rusia y se convierten así en cómplices de la represión de los derechos humanos en un país que los pisotea. Esto constituye todo un ensayo práctico de un nuevo escenario de futuro donde se cumplen las peores pesadillas contra los derechos fundamentales y las luchas sociales mediante la aplicación global de los acuerdos de ACTA. Y todo con el nuevo "armamento" de los derechos privados de propiedad intelectual que en ACTA abogan por una estrecha colaboración entre la justicia, la policía y los grandes poseedores de derechos de propiedad intelectual como es Microsoft.
El Lago Baikal es el lago con más volumen de agua dulce en el mundo y según algunas estimaciones contiene el 20% de agua dulce del mundo. Desde los años sesenta existe junto al lago una industria papelera muy contaminante con unos impactos muy dañinos sobre este ecosistema tan singular y valioso, con más de 1600 espécies de flora y fauna endémicos. El movimiento ecologista ruso lleva más de 20 años luchando en contra de los vertidos de la fábrica papelera que destruye la vida en el lago Baikal. Sin embargo, hace unos meses el Presidente Putin avaló la re-apertura de la industria contaminante a pesar de las protestas del grupo ecologista Baikal Wave (Ola del Baikal).
A finales de enero de 2010 un grupo de policías vestidos de paisanos penetraron en la sede de la asociación ecologista en Irkutsk y se llevaron todos los ordenadores que contenían los ficheros que documentaban toda una generación de esfuerzos para proteger la naturaleza en Siberia. El pretexto utilizado era una denuncia por parte de la empresa Microsoft sobre los ecologistas porque utilizaban programas de software suyos sin licencia. Cada vez se hace más frecuente este tipo de acciones policiales "anti-piratería" dirigidas en contra de organizaciones ciudadanas con las excusa de una supuesta defensa de la propiedad intelectual. Huelga decir que solo se llevan a cabo en contra de los grupos que son críticos con el gobierno ruso.
Con este botón de muestra no resulta demasiado difícil el imaginar el peligro que supone la arbitraria aplicación de las leyes de la propiedad intelectual para los derechos humanos y las libertades ciudadanas básicas. En países como España ya lo vemos constantemente con las actuaciones nefastas de la SGAE, pero en países tan autoritarios y carentes de libertades ciudadanas de expresión como son Rusia o China, la "protección de los derechos de autor" tiene unas funciones policiales que alimentan daños colaterales añadidos al minar los derechos democráticos más fundamentales. Con la próxima aprobación de una serie de nuevas medidas draconianas en el acuerdo internacional de ACTA (Acuerdo de Comercio Anti-falsificación) se podría avanzar aún más en la represión de los derechos civiles. ACTA y los numerosos acuerdos de libre comercio, que incorporan duros capítulos de propiedad intelectual, no presagian nada bueno para el ejercicio de todo tipo de derechos ecológicos y sociales.
En este caso del Lago Baikal, la letal combinación del gigante empresarial Microsoft y un gobierno autoritario desarma y quita la palabra a los defensores del medio ambiente. Si no lo evitamos, el fundamentalismo del copyright arrasará con toda libertad y pensamiento creativo como ya se intenta con el agua dulce del Lago Baikal y las comunidades de seres vivos que lo habitan.
DAVID HAMMERSTEIN
TransAtlantic Consumer Dialogue
Enhorabuena a todos y a todas que han participado en la campaña.
presentada de conformidad con el artículo 123 del Reglamento
sobre la falta de un proceso transparente y un contenido potencialmente reprensible en relación con el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA)
Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis
Fecha en que caducará: 9.09.2010
Declaración por escrito sobre la falta de un proceso transparente y un contenido potencialmente reprensible en relación con el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA)
El Parlamento Europeo,
– Visto el artículo 123 de su Reglamento,
A. Considerando las negociaciones en curso sobre el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA),
B. Considerando la función de codecisión del Parlamento Europeo en cuestiones comerciales y su acceso a los documentos de negociación, consagrados en el Tratado de Lisboa,
1. Considera que el acuerdo propuesto no debería imponer indirectamente la armonización de los derechos de autor, las patentes o las marcas comerciales de la UE, y que debería respetarse el principio de subsidiariedad;
2. Declara que la Comisión debería hacer públicos inmediatamente todos los documentos relacionados con las negociaciones en curso;
3. Opina que el acuerdo propuesto no debería imponer restricciones a las garantías procesales debidas ni debilitar derechos fundamentales como la libertad de expresión o el derecho a la intimidad;
4. Destaca que la evaluación de los riesgos económicos y de innovación debe realizarse con anterioridad a la introducción de sanciones penales en ámbitos donde ya existan medidas civiles;
5. Considera que no debe recaer sobre los proveedores de servicios de Internet la responsabilidad por los datos que transmiten o recogen a través de sus servicios hasta tal punto que ello implique un control previo o el filtrado de tales datos;
6. Señala que cualquier medida destinada a reforzar las competencias en materia de controles transfronterizos e incautación de mercancías no debería afectar al acceso mundial a medicamentos lícitos, asequibles y seguros;
7. Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, al Consejo y a los Parlamentos de los Estados miembros.
Estos días se vota en el plenario de Estrasburgo el informe Gallo. Una vez más, la industria se dedica a criminalizar a sus propios clientes. Una vez más, siguen sin darse cuenta de que ninguna empresa que base su modelo en atacar a sus clientes tiene posibilidades de supervivencia. Y una vez más, siguen aferrados a un barco que se hunde, en lugar de encontrar alternativas para reconvertirse y evitar ese hundimiento, que ellos mismos están acelerando.
05-07-2010 - En el Informe Gallo, se repite el mismo esquema que ya hemos visto en tantas otras propuestas similares. El usuario es un delincuente a priori y lo único que importa defender son los intereses de los gestores ( como si la cultura fuese a desaparecer si los actuales gestores lo hicieran) Sólo de forma leve se menciona que los ciudadanos y consumidores también tenemos derechos. El pretendido equilibrio que dicen que hay que conseguir entre los derechos de autor y los de los ciudadanos sigue sin aparecer por ninguna parte, tampoco en este informe.
La industria sigue sin (querer) enterarse. Está por ver si son finalmente los políticos los que acaben por dar un paso al frente en defensa de la ciudadanía y empiecen a marcar los límites entre el uso y el abuso de los derechos de autor. En sus manos estará poner finalmente algo de cordura, y empezar a defender los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y a la vez consumidores; consumidores sin los cuales la industria de la cultura, que no la cultura en sí, estaría muerta.
Por lo tanto, si los políticos quieren defender realmente a los creadores (que nada tienen que ver con los que manejan el dinero de los creadores) y si realmente quieren defender y promover la cultura en un mundo conectado y globalizado, sólo tienen una salida:
1. Rechazar contundentemente el discurso de la criminalización de los consumidores de soportes digitales y equipos electrónicos. .
Se criminaliza a los usuarios y consumidores de nuevas tecnologías cuando se les cobra un canon por soportes y dispositivos "por si acaso" alguna vez copian contenido protegido, aunque en la mayoría de los casos no acaben haciéndolo. Siguiendo este curioso modelo de recaudación, habría que plantearse también encarcelar a la gente durante un período de tiempo determinado para que cumplan la condena por anticipado, "por si acaso" alguna vez cometen un asesinato. No importa que la inmensa mayoría de nosotros nunca lo lleguemos a cometer.
2. Rechazar las trabas a que los usuarios legítimos de las obras ejerciten el derecho a disfrutarlas, derecho por el que ya han pagado al adquirirlas. .
Cuando se implementan sistemas DRM para proteger el contenido, se está impidiendo el disfrute de la obra por el consumidor que la ha adquirido. Cuando un sistema DRM sólo permite reproducir una obra en el ordenador de sobremesa e impide, por ejemplo, copiarla al ordenador portátil o al reproductor mp3 para poder disfrutarla también al salir de viaje, se está privando del derecho a disfrutar la obra por el que se ha pagado ya. El DRM no piensa, los bits no razonan, y el único objetivo de estos sistemas es dificultar la copia a todos, sin excepción, sin distinguir si el usuario que la intenta hacer está legitimado o no para ello.
3. Darse cuenta de que, además, los sistemas de protección anticopia son inútiles, y que por tanto, las medidas que pretendan legalizarlos o imponerlos son una completa pérdida de tiempo y recursos. .
En el mundo digital no existe nada imposible de copiar, de igual forma que suele decirse "que el agua no tiene huesos" y fluirá antes o después por cualquier resquicio, por pequeño que éste sea. Cada vez que la industria de contenidos crea contenido protegido por alguna variante de DRM, miles de personas de todo el mundo encuentran un reto interesante en descifrarlo y acaban por conseguirlo. Sin embargo, como ya se ha dicho, el consumidor que ha adquirido la obra encuentra un sin fin de obstáculos para poder disfrutarla como es su derecho, penalizándolo como si estuviera haciendo algo ilegal. En definitiva, no se consigue evitar la copia y a la vez se penaliza al usuario que la ha adquirido legítimamente. Todo inconvenientes y ninguna ventaja.
Y cuanto antes quiera darse cuenta la industria de que no hay nada imposible de copiar, antes podrán empezar a plantear un debate serio entre todas las partes implicadas sobre una nueva visión de los derechos de autor, que logre el justo equilibrio entre el incentivo a la creación que debe existir y el derecho al acceso al conocimiento compartido por parte de la sociedad en su conjunto.
4. Reducir el período de vigencia del copyright. .
Mucha gente está de acuerdo en que el autor debe recibir una adecuada compensación por su obra para que tenga algún incentivo que le motive a seguir creando y que le permita vivir de su trabajo, esto es, de la creación artística. Pero... ¿95 años de vigencia? Lo único que consigue eso es precisamente que el creador no tenga ningún interés en seguir generando cultura porque bastará que haya trabajado unos años para que tanto él, como sus hijos y nietos, puedan vivir de las rentas sin dedicarse a nada más, y por tanto, desincentivando el que se siga generando riqueza cultural.
5. Descubrir que pagar por copias no tiene sentido en un mundo digital.
El origen de pagar por las copias se remonta a los inicios de la imprenta, cuando había que sufragar de alguna manera los enormes gastos que suponían la construcción y mantenimiento de las máquinas y del personal que se dedicaba a realizarlas. Hoy día, pagar por copias ya no tiene sentido puesto que el coste de realizar copias perfectas de bits es prácticamente cero. Como dicen algunos, hoy día la única diferencia entre el original y la copia es la cajita en la que viene envuelta cada una.
6. Descubrir que compartir es rentable. .
Cualquier experto en marketing sabe que el boca a boca tiene un efecto multiplicador en lo positivo, y devastador en lo negativo. Una mala experiencia con un producto de una compañía hará que muchos de nuestros parientes y amigos jamás se planteen adquirirlo, mientras que una experiencia muy positiva hará que transmitamos ese entusiasmo que hemos sentido a todos ellos, aumentando las probabilidades de venta del producto.
De igual forma, compartir una obra de un artista sin ánimo de lucro como se hacía en los tiempos del casette aumenta la posibilidad de que un artista sea conocido, difunde su obra y eso aumenta las probabilidades de que la gente se decida a asistir a sus conciertos o a adquirir merchandising relacionado con ese autor.
Si se analizan estudios serios sobre la compartición de archivos, como el exhaustivo informe de 142 páginas que encargó el gobierno holandés se descubre que compartir la cultura no sólo no es perjudicial, sino que además puede ser muy rentable, y constituye uno de los factores principales que explican el por qué hoy día se consume más cultura que nunca. La difusión no mata la cultura, la promueve.
7. Reconocer el actual secuestro de la cultura.
Hoy día, toda la ciudadanía está "secuestrada" por la mal llamada industria cultural. Una industria que, por ejemplo, dirige a la gente diciéndole a través de las denominadas radiofórmulas lo que le tiene que gustar y lo que tiene que comprar. Es más, un artista que no guste a los directivos de una discográfica jamás podrá ver su disco publicado ni llegar a su posible audiencia si no es compartiendo su obra en Internet. No parece que el modelo actual en el ámbito musical sea la mejor forma de incentivar la diversidad en la creación cultural ni de generar riqueza (no sólo económica) para la sociedad, sino que más bien genera "cultura fotocopiada" que no aporta nada nuevo.
Además, si alguien quiere adquirir un disco de los denominados "descatalogados", jamás podrá conseguirlo porque esa misma industria ha decidido que ya no va a suministrar la obra. Sin embargo, el uso de Internet y el hecho de que el coste de las copias utilizando este medio es prácticamente nulo permitiría que se pudiera adquirir en cuestión de segundos cualquier obra, rebajando drásticamente el coste de volver a ponerla en circulación y por tanto, haciendo que sea rentable; algo que, con el actual modelo de negocio ya obsoleto, no lo es. Por tanto, la industria se apropia de unas obras que se niega a poner a disposición de los consumidores, a pesar de que los consumidores estén dispuestos a pagar por ellas.
Éstos son sólo algunos de los hechos que deberían descubrir políticos como los que tienen que votar esta semana el Informe Gallo; y esperamos que esos políticos sean sensibles al cambio cultural que ha supuesto Internet, y por tanto rechacen claramente este informe.
Éste es el punto de partida para empezar a analizar con seriedad cómo debemos plantearnos la cultura y su gestión en un entorno, el del siglo XXI, dominado por Internet, donde las copias como tales no tienen valor, donde la gente quiere decidir por sí misma la cultura que le gusta y la que no, donde los protagonistas de la cultura deben ser los creadores y los consumidores, no los intermediarios, y donde compartir, como siempre ha ocurrido, nos enriquece a todos.
Asociación de Internautas
