El río Mijares es el tesoro más valioso, singular y querido de Olba y constituye su valor más distintivo y único junto a su bosque de ribera, sus campos agrícolas, sus montañas y sus barrios dispersos. El río ha sido la fuente de vida y bienestar del pueblo en el pasado y también lo es en el presente. También es un secreto a voces que el río Mijares está enfermo y la vida que en él latía ha mermado en gran medida. A pesar de las muchas evidencias de la progresiva muerte del río Mijares a su paso por Olba hasta la fecha hay un incomprensible mutismo institucional. Carece de respuesta a escala estatal, municipal y aragonesa el estado preocupante de este bien común tan preciado y delicado, que no siendo de nadie y siendo de tod@s es a su vez fuente de valiosos bienes y servicios de todo tipo.

Desde hace años se observa un declive progresivo de todo tipo de vida acuática en el río Mijares a su paso por el valle de Olba. Son numerosas las evidencias empíricas de esta decadencia general de la vida en el río, ya no hay peces en sus caudales fluctuantes, no se ven ni truchas ni barbos, en consecuencia tampoco puede haber pescadores en su paisaje. Han desaparecido la gran mayoría de las serpientes de agua, apenas hay anfibios como son las ranas, que son indicadores del buen estado de la calidad y salud ambiental de sus aguas. Las pequeñas criaturas que hasta hace pocos años lo poblaban cuando se levantaban las piedras de su cauce hoy ya no están. Donde en otro tiempo aparecía una palpitante vida de seres minúsculos y donde había un gran bullicio viviente hoy solo aparece la “primavera silenciosa”, el nombre que la reconocida científica Rachel Carson daba a las consecuencias de la espiral de muerte de la biodiversidad sembrada por los tratamientos con insecticidas y herbicidas tóxicos en jardines y campos.

Hoy sabemos científicamente que los ríos son ecosistemas vivos, singulares, dinámicos y complejos, con necesidades propias y metabolismos frágiles que han de respetarse y cuidarse con esmero. No son tuberías ni simples caudales de agua con crecidas y bajadas en volúmenes y fuerza. Por ello hay que evitar la falsa y reduccionista visión ingenieril que reduce las realidades y funciones de los ríos a simples cantidades y movimientos hidrológicos y al desplazamiento de sedimientos. Las complejas comunidades entre tierras, aguas, especies animales y vegetales y el bosque de ribera son partes vivientes del río Mijares.

Este evidente emprobrecimiento de la biodiversidad acuática suele ser consecuencia directa de la baja calidad química y orgánica de las aguas fluviales causada por vertidos contaminantes de diverso origen que enferman y matan. Aunque por ahora no hay un diagnóstico certero sobre el estado de salud de las aguas del río Mijares a su paso por Olba mediante unos análisis bioquímicos y biológicos cualificados científicamente de las aguas y sedimentos, rigurosos, completos y realizados en todas las épocas del año, más allá de algunas mediciones voluntaristas. Seguramente las autoridades responsables no quieren destapar malas noticias ni identificar más problemas que deberían afrontarse mediante soluciones adecuadas. Esta política negacionista del avestruz, en este caso suele difundir explicaciones surrealistas de todo tipo que tienden a negar y normalizar la actual decadencia de la vida orgánica en sus aguas. Se promueve así la confusión ciudadana y el desentenderse del problema real de las presiones humanas que padece llegándose incluso a “tirar las culpas” al propio río.

Estas respuestas del “no sabe ni contesta” por parte de las instituciones y autoridades muestran una falta de transparencia y una grave irresponsabilidad socioambiental. Probablemente también encubren actuaciones ilegales por el incumplimiento de las normativas del derecho a la información ambiental y del principio legal de “no deterioro acuático” en un río como el Mijares, que por el reconocido valor ambiental de sus ecosistemas goza de la máxima protección por parte de las leyes ambientales (Red Natura 2000, Directiva Habitat de la Unión Europea y la Directiva Marco del Agua), que obligan a poner por delante la preservación ecológica a otro tipo de intereses. En medio de esta huida de responsabilidades públicas e institucionales no resulta sorprendente la táctica de matar al mensajero y el negacionismo ante las malas noticias: quien señala la gravedad ecológica y social de la situación de las aguas inmediatamente es acusado de “alarmista" y "exagerado" al tiempo que se buscan todo tipo de explicaciones para poder confirmar el "buen estado" de las aguas del río.

Pero no hay que ser un premio nobel para adivinar algunas de las principales causas de los males del río que están matando y empobreciendo la vida en sus aguas. La ruina del bien colectivo de la calidad de las aguas del río es víctima de una suma de incontables acciones cotidianas de individuos, empresas, instituciones y Ayuntamientos, que caban vertiendo alegremente residuos contaminantes y peligrosos de todo tipo: domésticos, agrícolas e industriales. Aguas arriba hay una cercana fábrica de fertilizantes agroquímicos, una piscifactoría de esturiones y diversas actividades empresariales cárnicas en la comarca, que generan numerosos desechos contaminantes. Según afirman algunas voces e informaciones, desde municipios río arriba, como Manzanera o Sarrión, se vierten al río muchos residuos contaminantes con escasa o nula depuración. En contraste, otras informaciones apuntan a que la calidad de las aguas y la riqueza de biodiversidad reaparece y es bastante mayor en algunos pueblos río abajo, que pertenecen a la Comunidad Valenciana y que cuentan con sistemas tecnológicos de depuración y tratamiento de los vertidos más eficaces.

Resultan ser muy dañinas, abusivas e innecesarias las condiciones que impone al río y al municipio de Olba la empresa privada hidroeléctrica, que en el valle de Olba tiene derechos concedidos de corte de una gran parte del caudal natural del río, que extrae y desvía por el canal construido en las entrañas de la montaña. Esta fuerte regulación artificial del río crea un enorme perjuicio ambiental al reducir sus aguas dramáticamente, lo que a su vez intensifica el resto de las agresiones causadas por los vertidos contaminantes que sufre el río y sus ecosistemas. No hay ningún balance positivo posible, ni para el río ni para Olba, ni ecológico ni social, en el mantenimiento de la actividad de esta anticuada central hidroeléctrica de Iberdrola. Sus turbinas apenas producen electricidad si las comparamos por ejemplo con la energía producida por un solo molino eólico (en Agosto, 2016 la central del Valle de Olba de Los Pertegaces solo produce 600 Kilowatios/hora de electricidad mientras que un solo molino eólico de los muchos que hay en la zona produce 2000 Kilowatios/hora).  Todo lo que produce Iberdrola son males. Por tanto, se hace prioritaria la meta política de conseguir que el cauce del Mijares recupere todo su caudal natural de agua.

Ya no sale gratis la preservación del río en su múltiple riqueza biogenerativa y social a causa de las muchas agresiones que padece, y esta realidad exige un esmerado esfuerzo y un coste en su mantenimiento, reparación y conservación. También se da el absurdo de que los vecinos pagan un canon público de agua sin recibir a cambio servicios de depuración de las aguas residuales, y para colmo la recaudación económica de dicho canon va a parar a otras administraciones fuera de Olba y se dirige a otros fines. Tampoco se da una relación proporcional y justa entre la cantidad de dinero que los residentes pagan como canon de aguas y la cantidad real de aguas residuales tratadas o sin tratar que vierten al alcantarillado y al río. También sería de justicia que las actividades y vecin@s que generen más aguas residuales vertidas sin depurar al río paguen más por los costes de depuración y restauración del mismo.

Es lamentable que la prevención de los vertidos y la depuración eficaz de aguas residuales aún no sea una prioridad política en el Valle de Olba y en la comarca. Tampoco existe un control real con prohibiciones y medidas sancionadoras frente a infracciones sobre los vertidos de sustancias muy dañinas y peligrosas para la salud de la gente y los ecosistemas (muchas de las cuales no se eliminan incluso cuando son tratadas mediante depuradoras) como son los agrotóxicos herbicidas y pesticidas, los productos de limpieza corrosivos y no biogradables, las grasas y aceites usados de cocina y de motores, la gran cantidad de sustancias químicas venenosas y abrasivas utilizadas para la limpieza, o como son otros tipos de residuos sólidos que se tiran por los wateres, como las toallitas, los medicamentos y un sinfín de residuos no orgánicos que finalmente acaban en el río.

En muchos de los municipios de Gudar-Javalambre y en el mismo municipio de Olba, que tienen grandes fluctuaciones de presión poblacional con altas subidas en los periodos vacacionales, los sistemas de depuración brillan por su ausencia o son muy ineficaces, y en consecuencia gran cantidad de aguas residuales se vierten directamente al cauce fluvial sin recibir tratamiento alguno. Ante estos crecientes vertidos que sufre el río suele plantearse la falsa disyuntiva de elegir entre unas grandes y caras infraestructuras de depuración (muchas veces ineficaces por su gravoso mantenimiento) y, por otro lado, el seguir sin hacer nada dejando que las aguas residuales olbenses se viertan al río sin tratamientos previos. Pero hay una tercera opción posible, menos costosa y más eficaz: las pequeñas depuradoras biológicas diseñadas por profesionales y bien adaptadas a las características singulares de cada barrio de Olba.

Hasta ahora abundan las actuaciones que favorecen un Mijares muerto y son menos las que ayudan a un Mijares vivo. Por ello son urgentes los cambios en nuestra orientación ética y práctica si queremos que el rio recupere su vivacidad.

MARA CABREJAS

DAVID HAMMERSTEIN

Olba, Teruel

WHY ITALY SHOULD SUPPORT SWIFT AND EFFECTIVE RATIFICATION OF THE MARRAKESH TREATY

Vatican Representative Archbishop Tomasi Speaking at WIPO General Assembly on IPR and Marrakesh Treaty

"E ricorda che l'obiettivo primario della nuova conoscenza è il servizio del bene comune della comunità umana.

“Questo bene comune deve essere servito nella sua pienezza, non secondo una visione riduzionista subordinata solo al vantaggio di alcuni; piuttosto, deve fondarsi su una logica che porta all’accettazione di una responsabilità comprensiva. «Il bene comune corrisponde alla più alta delle inclinazioni umane ma è un bene molto difficile da ottenere, poiché richiede l’abilità e lo sforzo costanti di ricercare il bene degli altri come se fosse il proprio bene. La distribuzione dei beni creati che, come ogni persona perspicace sa, oggi è in travaglio tra i mali più grandi a causa della grande disparità tra i pochi estremamente ricchi e i molti privi di beni, deve essere riportata e conformata in modo efficace alle norme del bene comune, vale a dire della giustizia sociale».

(“It recalls that the primary goal of new knowledge is the service of the common good of the human community. This common good must be served in its fullness, not according to a reductionist vision that is subordinated by some people only to their advantage; rather, it is to be based on a logic that leads to the acceptance of greater responsibility. The common good corresponds to the highest of human inclinations. The distribution of creative goods as we all know is done under the conditions of the worst evil due to the great disparity between the minority of extremely rich and the countless poor, which should be brought into conformity with the norms of the common good, social justice.”)

Three years ago an international binding agreement was reached in Marrakesh that was an historic landmark: for the first time a treaty was agreed upon that combined  human rights and copyright, that placed the common good ahead of the economic advantage of any particular group. This victory of millions of blind and other visually-impaired persons was not easy and it took over 5 years to overcome the opposition of those who only sought to protect the narrow interests of special interest groups with fundamentalist ignominous positions that expressed a great insensitivity toward one of the most marginalized and poor populations in the world. Today we ask the Italian Government to give practical  support for ratification that is  a moral position of basic justice or at least to support ratification from an ethic of compassion.

This is not about “finding a balance” between the “book famine” of blind persons and the rights of copyright holders, just like there can be no “balance” between someone starving and the overconsumption of the obese, or “the balance” of the need of a poor patient for a life-saving medicine and the profit margins of a pharmaceutical company.  This is about justice.

  A number of EU countries, including Italy have fought against this Treaty for years, in WIPO, in EU and now, according to all observers is one of the large countries stalling ratification and implementation by forming part of a blocking minority in the Council.  Sadly, Italy supported suspending the ratification process in the EU Council. This opposition has been based on unsubstantiated and unpublished excuses based on undisclosed political and special interest reasons that have nothing to do with the common good of access to culture, knowledge and education of the visually-impaired.  It is very surprising that the Italian Parliament has never discussed what its government is doing in Geneva or Brussels nor has the Italian Government given any explanation.
 
Nonostante le molte domande e le trattative, il governo italiano non ha mai spiegato pubblicamente le ragioni per le loro posizioni. A volte, Il disprezzo peggiore è il silenzio.

On the contrary,  we would like to remind you of the “profound indignation” expressed by the European Parliament   in its resolution adopted on  February 3rd  ,  2016 in reaction to the prolonged delay in EU ratification of the  “Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works by Visually Impaired Persons and Persons with Print Disabilities” (the text of which was agreed upon by the international community and the EU in June, 2013).  
 HYPERLINK  "http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-0168+0+DOC+XML+V0//EN" http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-0168+0+DOC+XML+V0//EN

Tre Punti Chiave a favore del Trattato:

1. È utile a molti e non fa male a nessuno. Non ci sono prove che facili la pirateria in quanto il trasferimento di opere avverrebbe attraverso le organizzazioni di non vedenti. Attualmente milioni di persone sono in attesa di avere la possibilità di prendere a prestito i libri oltre i confini grazie al Trattato.

2. Quello che va bene a casa propria va bene a livello universale.  Se esistono delle deroghe nazionali che si applicano ai non vedenti, perché non applicarle anche a livello internazionale? Si tratta di una questione di etica categorica.

3. Il mondo intero sta ratificando. Il Trattato entrerà in vigore presto ma senza l'Italia e senza l'Unione europea. Questo è una vergogna perché c’è una grande contraddizione: dove i libri ci sono, il trattato non è ratificato; dove il Trattato lo è, i libri non ci sono. Non è logico!

Sadly Italy has been one of the EU member states that has participated in the minority blockade. It is inexplicable that the  present Italian Government has  hidden behind the total lack of transparency of the EU Council to not reveal its positions nor to give any legal justification for not accepting EU exclusive competence over this issue against the opinion of all official EU legal services and all legal scholars.

Council Statement:  HYPERLINK  "http://www.statewatch.org/news/2015/apr/eu-council-marrakesh-treaty-guidance-7321-15.pdf" http://www.statewatch.org/news/2015/apr/eu-council-marrakesh-treaty-guidance-7321-15.pdf

Two separate issues are dealt with: how to put Marrakesh in to EU law and how to ratify the Treaty

We are facing two issues put forth by EU Member States: “the appropriate sequence of the implementation of the Marrakesh Treaty” and “the appropriate legal basis for the decision, in conjunction with the question of competence (exclusive versus shared)” If it was shared it could take over 10 years to ratify.

According to the Council and Italy the Treaty cannot be implemented without changes in EU legislation. The Council presents no legal arguments for its position while the Commission has. It criticizes the Commission harshly for not presenting a legislative proposal in last year and a half and for presenting “vague proposals that lack legal certainty.” This is a blame game, a political ping-pong that wastes time and diverts attention from ratification. Three years later and finally we have a EU draft legislation  in form of a Directive and a Regulation for the Marrakesh Treaty.

I am pleased to announce that the proposal for  implementation into EU law of the Marrakesh Treaty has been sent today by the Copyright Unit of the European Commission for “inter-service consultation” which means for comments from different European Commission departments dealing with disabilities, internal market and culture. This proposal reflects very closely the Treaty text without any controversial additions that could mean barriers to fulfilling the Treaty´s potential. We shall be vigilant to assure there are no major objections nor changes from other EC departments.

If there are no unexpected delays the final proposal will be presented to the European Parliament on September 21st for debate and for possible amendments on the same day that it presents its “copyright reform package” and other proposals related to the Digital Single Market. It is of upmost importance that in this legislative process that new restrictive and limiting elements are not added to the text by the European Parliament or by EU member states in the Council.  

The European Court of Justice: The ECJ will give its opinion on the exclusive EU competence to ratify the Treaty in October or November. According to reliable information the ECJ will most probably confirm the exclusive competence of the EU and reject the claims of a few EU member states against EU competence. This would clear the path for swift ratification and implementation. It is a great pity some EU member states forced this consultation which has delayed the whole process for over a year.

We would like to express our profound dissatisfaction with three years of time lost for access to culture for the visually-impaired due to a lack of consensus building, technical commitment and political will on the part of both the Commission and EU member states. This expresses a lack of sensitivity of the needs of blind and visually impaired persons. We want the blame game between the European  Parliament, Council and Commission to end right now with an institutional agreement.

We request that Italy and other EU member states to not introduce new barriers into the EU legislation that would limit the efficacy of the Treaty. The worst would be “commercial availability”.
“Commercial availability would kill the objectives of the Marrakesh Treaty:   “If you can buy a book, you can´t share it” ("Se è possibile comprare un libro, non è possibile prenderlo in prestito")

("Se si può comprare un libro, non è possibile prendere in prestito")

Three reasons against "commercial avialability"

A. It is discriminatory against blind persons: Sighted persons can get most books for free from public libraries, but visually impaired-persons will not.

B. It is a great bureaucratic burden for libraries and civil society, creating legal uncertainty that will effectively prevent cross-border sharing of accessible books.
C. It is not an incentive for industry because Marrakesh exists precisely because of a great market failure in which industry did not provide accessible works.
D. There is no clear definition of “commercial availability”: where? at what price? in what format?
 

Finally, we ask the European Parliament, the Commission and the Council to have  three-way informal consultations to reach an agreement  for a “fast track” for the swiftest way of assuring ratification and implementation.

La temible realidad del Cambio Climático en la que estamos parece no encajar nada bien en la actual política valenciana. Ante la urgente necesidad de adaptarnos en lo posible a los daños ecológicos y sociales que inevitablemente acompañan al desastre climático nuestros gobernantes solo salen al paso con balbuceos retóricos y poco más. Sus gestos y discursos mediáticos están cargados de declaraciones de intenciones y principios abstractos sin concreción alguna.

El Consell responde con malabarismos teatrales ante las muchas caras, locales y globales, de la gravísima crisis ecológica y da a entender que está “trabajando” en la puesta en marcha de soluciones oportunas. Sus portavoces más cualificados manifiestan sin pudor “una preocupación responsable” allí donde se precie cuando en realidad solo buscan ganancias políticas ante eventos y fechas señaladas, como fue la pasada Cumbre Mundial de Paris contra el Cambio Climático o como ha sido el Día Mundial del Medio Ambiente del 5 de junio. Pero la triste verdad de la colosal irresponsabilidad climática practicada por el gobierno valenciano es que hasta la fecha no ha tenido la voluntad de iniciar las ambiciosas políticas transversales prometidas, que exigirían la reducción significativa de las emisiones contaminantes a la atmósfera. Más allá de la inflación retórica de sus discursos, como ha sido la ocurrente idea de añadir la palabra de Cambio Climático a la Conselleria d'Agricultura, medi ambient i desenvolupament rural, el atolladero del Cambio Climático queda fuera de la agenda y prioridades presupuestarias y legislativas.

Cuando se trata del Cambio Climático emerge automáticamente su externalización a un futuro incierto y bien distante de los cuatro años de responsabilidad del propio Consell, o bien se culpa de todo al Gobierno estatal por la falta de medios legales o financiación. Esta cantinela constituye una doble táctica evasiva: se achaca la actual inacción a la gestión pasada y actual del PP (algo que es una obviedad), y al tiempo se desplazan a un futuro lejano las necesarias actuaciones “fuertes”, siempre fuera del actual periodo de responsabilidad institucional. Ante el profundo desafío existencial planteado por el Cambio Climático, incomprensiblemente parece que nunca llega el momento adecuado para las políticas en favor de la justicia climática y la supervivencia. De esta manera resulta muy fácil la asunción de compromisos climáticos para el 2030, 2040 o 2050.

Contrariamente, y para gran fastidio de nuestra esquiva clase política, cada día que pasa se hace más imposible despachar con más dosis de retórica los grandes dramas ambientales, como es el Cambio Climático, debido a que se trata de fenómenos biofísicos objetivables, medibles, cuantificables y socialmente cada vez más percibidos y angustiosos. El maquillado político y la manipulación social topan con la roca dura de los hechos y los límites naturales irrevocables y rebasados. Nuestra situación histórica de translimitación sin retorno tiene muchas alertas rojas y exige modificar fuertemente las dominantes pautas valencianas del crecimiento de la muy insostenible escala material de la producción y el consumo. Ninguna posible innovación tecno-científica podrá ser eficaz si no se acompaña de giros estructurales en favor de valores sociales y morales alternativos, como son la suficiencia, la equidad y el cuidado de los bienes comunes frente a los suicidas cantos de sirena del crecimiento del consumo y de la macroeconomía dineraria que dominan el discurso político valenciano.

La charlatanería de las declaraciones de miembros del Consell contra el Cambio Climático ha sido grandilocuente: “alcanzaremos el 50% de renovables en esta legislatura”, “Hay que ir más allá del acuerdo de Paris que es insuficiente”, “todos los departamentos del Consell tendrán claros objetivos climáticos”, “Revisaremos los objetivos del PP del plan climático”, “Presentaremos un gran plan energético valenciano”, “Valencia se compromete a reducir las emisiones en el 40% en 2030”... Parece que todo cabe en esta hoguera de vanidades y engaños políticos para conseguir titulares en una prensa valenciana especialmente sufrida y desmemoriada. Es grande la indefensión políticamente organizada de la ciudadanía valenciana a la hora de saber si avanzamos o no en la reducción las emisiones de carbono a la atmósfera debido a que no se establecen metas públicas, concretas, temporales, medibles y evaluables mediante claros indicadores físicos y sociales. Es lastimoso constatar que ni siquiera se practica una pedagogía social mediante propuestas ambiciosas y brilla por su ausencia la ejemplaridad del propio Consell en sus gestiones, edificaciones, compras, obras y contrataciones. Se bloquean así las posibilidades de aprendizaje social que impulsaría el debate amplio sobre los problemas y las posibles soluciones. Tampoco puede seguir encerrándose el Cambio Climático en un asunto exclusivamente “energético” debido a que sus causas humanas tienen orígenes en actividades muy diversas, como son el sobreconsumo, el turismo de masas, la industria pesada, el transporte motorizado, la industria agroalimentaria, el aumento de población, la vivienda y las formas expansivas de urbanización.

Por desgracia, a pesar de que la realidad concreta del Cambio Climático avanza sin control con altas dosis de incertidumbre a ojos humanos, la sociopática actitud negacionista de políticos de izquierdas y derechas es la de continuar como si nada. ¿Qué futuro y esperanza nos aguarda si no hay políticas decididas en favor de la justicia climática y ambiental por parte de un gobierno y parlamento en manos del PSOE, Compromís y PODEMOS?. Las emisiones de CO2 de los sectores industriales valencianos (sobretodo cerámica, cemento y energético) siguen creciendo (más del 12.5% entre 2013 y 2015). La merma temporal de actividad a causa de la crisis económica es la razón de que no suba aún más la muy sustancial contaminación de los llamados “sectores difusos” (residencial, transporte, agrícola y ganadero, residuos, gases fluorados e industrial) que no han sido incluidos en los acuerdos sobre el comercio de derechos de emisión y se suelen invisibilizar en la contabilidad climática oficial.

La transparencia informativa sobre el caos climático valenciano brilla por su ausencia. Es casi imposible encontrar datos recientes y completos sobre las emisiones contaminantes. No existen objetivos anuales concretos de reducción para su cumplimiento por parte de la Generalitat en los sectores de su competencia directa. En la Web de la Generalitat las últimas cifras de emisiones CO2 son muy parciales y del 2014. No hay datos recientes accesibles a la ciudadanía precisamente sobre las emisiones “difusas” que son competencia de la Generalitat.

En este contexto no es de extrañar que en los actos públicos con dirigentes de la Consellería responsable del Cambio Climático se instauren formas aberrantes de “participación” y comunicación. No se permiten interpelaciones ni debate abierto y espontáneo con el público asistente, solo son posibles las preguntas escritas comprimidas en reducidas frases que además después son filtradas y reinterpretadas por los organizadores. La Consellera responsable acaba de anunciar “una nueva política ambiental para un nuevo tiempo” en un acto organizado por la multinacional de la construcción FCC, uno de los reyes mundiales del ladrillo y el cemento. ¡Nos ha anunciado que habrá una “Ley Valenciana contra el Cambio Climático” antes del final de la legislatura en el 2019! Y hasta entonces no sabe ni contesta. Pero el esperpento aún puede subir en intensidad: dos de los tres partidos del Pacte del Botànic: el PSOE y PODEMOS, apoyan junto a IU las subvenciones para continuar quemando y extrayendo carbón, la primera causa de que las emisiones españolas de CO2 aumentaran un 4.2% en el 2015. Además, el nuevo PODEMOS “socialdemócrata” solo ofrece las anacrónicas y fracasadas recetas del crecimiento de la tarta económica y la demanda del consumo, que son una causa central del colapso climático global en el que nos encontramos.

El reino de ninguna parte parece estar detrás del cacareado lema del“cambio de modelo productivo”. Aunque resulten loables los intentos del Consell de meter en cintura a la irracional situación del tratamiento de residuos, de dignificar la gestión de espacios naturales valiosos o de proyectar un plan de agricultura ecológica, lo cierto es que la madre reina de todas las guerras ambientales es el Cambio Climático y su campo de batalla es la economía. Apostar por afrontarlo con cierta eficacia demanda un verdadero y urgente cambio de modelo productivo hacia una economía circular, con circuitos próximos y cerrados y de muy bajo consumo de recursos no-renovables de todo tipo, y sobretodo exige una salida rápida de los combustibles fósiles. Pero esto no solo se consigue con una importante (aunque todavía inexistente) implantación masiva de energías renovables (en el gobierno Zapatero fue cuando más crecieron pero también cuando más aumentaron las emisiones de CO2) sino que reclama cambios estructurales en favor del bien común en el transporte, la vivienda, el urbanismo, la agricultura, la ganadería y el comercio, todos los sectores que precisamente están bajo la competencia directa de la Generalitat Valenciana.

DAVID HAMMERSTEIN

Estamos atrapados en la falaz y persistente idea de que el crecimiento y el bienestar de una sociedad humana son la misma cosa. Aunque contrariamente a este espejismo el crecimiento económico y financiero se han convertido en enemigos de la misma prosperidad de las personas y de todo el mundo viviente. Incluso muchas de las promesas de abundancia e igualdad en el mundo digital han resultado ser unas renovadas versiones de viejos modelos distópicos de extracción y dominio industrial.

Muchos de los negocios de las grandes empresas multinacionales se dedican básicamente a actividades extractivas de bienes y servicios, tanto materiales como inmateriales, convierten nuestro dinero relacionado con la economía real de intercambios en simples precios de acciones bursatiles inmateriales. De hecho, esta "minería financiera" acaba exprimiendo el mundo social y natural, bien reales y encarnados, para hinchar artificialmente la burbuja y el valor de sus acciones (a veces incluso mediante la re-compra de las acciones por la propia entidad financiera). Se generan así unas ganancias fabulosas a costa de menospreciar y depreciar tanto el valor del mundo biofísico real como el valor del trabajo humano. De hecho, hay en el mercado mundial mucho más dinero financiero especulativo en circulación que dinero anclado localmente en bienes materiales y mano de obra. Como dice Douglas Rushkoff “las grandes multinacionales son como personas muy obesas, chupan el dinero de nuestra economía y lo almacenan en la grasa del altos precios de sus acciones. Esto no es un negocio; es la extracción de valor.” La indeseable consecuencia es que se asigna un precio y un valor monetario a todo al tiempo que vacían de valor y no dan valor a nada entre nuestros bienes comunes comunitarios y globales más preciados.

Nuestro sistema monetario global está fundamentalmente basado en la desconexión con el mundo social humano y el mundo viviente cada vez más esquilmado y contaminado mediante la inflación de acciones bursátiles especulativas y de pagos de deudas a los bancos con bastante más dinero que el que se ha prestado. Dando vueltas en esta noria irracional los países y la ciudadanía se ven obligados a orientar sus economías casi totalmente hacia el crecimiento crematístico especulativo en lugar de dirigirlas hacia actividades realmente encarnadas en el mundo socioambiental que habitamos y hacia el bien común social, cultural y ambiental. Las consecuencias son devastadoras al aumentar la desigualdad social y acelerar aún más el empeoramiento del estado de los sistemas naturales necesarios para la habitabilidad humana y convivencia pacifica de nuestras sociedades.

¿Es la economía colaborativa la economía del bien común?

Algunos ejemplos globalizados de la a llamada “economía colaborativa” como puede ser las iniciativas Arnbnb (de alquileres turísticos) y Uber (de viajar en coches particulares), o de actividades similares, pueden parecernos a primera vista unas buenas innovaciones para avances positivos de cooperación y redistribución, pero no lo son tanto. En realidad se tratan de ejemplos extractivos donde unos cuantos ganan y la mayoría pierde porque multiplican el valor del dinero de forma lineal, globalizada y abierta sin retorno al tiempo que también parasitan la vitalidad de los tejidos socio-ecológicos reales comunitarios que irremediablemente nos constituyen y habitamos. A medio o largo plazo tampoco crean estructuras sociales y económicas estables. Como los sistemas vivientes, entre los que se incluyen necesariamente las sociedades humanas, para operar para su supervivencia, bienestar y florecimiento deben constituir circuitos circulares de intercambios de materiales, energía, gente, tecnología, dinero y residuos. En suma, estar enraizados localmente con objetivos del bien común comunitario. El mero hecho que un modelo de negocio o un modelo social quiere compartir recursos colectivamente no significa que que protege nuestros bienes comunes más apreciados como el agua, el aire o el suelo. Solo es posible si en nuestra escala valores se impone una jerarquía de unos indicadores del bien común social y natural por encima de los beneficios económicos y el consumo. Favorecer el uso del coche particular, aunque sea compartido o fomentar el turismo masivo, aunque sea en casas particulares, no son objetivos compatibles con la defensa de los bienes comunes, tanto a nivel social como ecológico.

El mero hecho de que un modelo de negocio o un modelo de actividad humana quiera compartir recursos con otros, colectivamente, incluso mediante fórmulas participativas y democráticas, no implica necesariamente un avance en el reconocimiento, la mejora y preservación de los bienes comunes fundamentales para la vida social y para la biodiversidad viviente en general.

La economía colaborativa que se construye con exigencias y condiciones de responsabilidad ambiental y social para el cuidado de nuestros bienes comunes más apreciados será posible en una economía de los bienes comunes si también damos un giro radical a nuestras prioridades y a nuestra escala de valores y aspiraciones. Se impone con ello unos nítidos principios socio-ambientales y una jerarquía en los indicadores del bien común, por encima de los grandes beneficios económicos y aumento del consumo material, porque la escala física de nuestra economía y nuestros estilos de vida sobreconsumidores sobrepasan peligrosamente la menguante capacidad de carga de los ecosistemas.

A otro nivel, los simulacros digitales de comunicación entre personas, como las redes sociales de Google, Facebook y Twitter, a menudo nos parecen más importantes que el mundo real pero no lo son. Aparte de fortalecer la alienación y separación de las personas con su entorno social y natural, suelen aumentar la extracción y mercantilización de datos inmateriales y de bienes materiales. Incluso, el acceso abierto y los datos abiertos pueden favorecer una mayor concentración empresarial y digital. Hoy la definición oficial de toda acción europea de la UE es mercantilizada como “Digital Single Market” (Mercado Único Digital) cuando lo que hace falta es un “Digital Single Commons” (Pro-común único digital) que favorece la decentralización, el control comunitario democrático y los fines socio-ecológicos de las redes.

Pero entonces¿como puede volverse el mundo digital al servicio de la única realidad existente, inevitablemente entretejida material y ecológicamente?¿Como podemos acelerar la necesaria salida de una economía extractiva (tanto de materiales como de dinero y de datos de la economía real local) y basada en el crecimiento infinito (un principio miope y catastrófico en un planeta cerrado, finito y escaso en materiales) para la transición hacia una economía austera físicamente pero culturalmente abundante que fomente a la vez el cuidado de las comunidades locales y los sistemas vivos?

Existe una diferencia fundamental entre hacer del mundo un lugar mejor y solo hacer un “menor daño”, en este caso aminorando ligeramente los males creados por una economía dominada por la trampa del crecimiento inacabable y cuyo resultado neto de la actividad es negativo. Se trata de un dilema que no se puede resolver como si se tratara solo de una opción lógica, teórica y abstracta, y tampoco es resoluble mediante un deber ser de principios morales generales y racionales, las salidas de este atolladero han de estar insertadas en opciones prácticas, encarnadas socialmente, física y ecológicamente. Esta habilidad práctica y sus guías de orientación han de estar incrustadas en las exigencias de una condicionalidad ecológica y social.

Ante cualquier proyecto de acción de economía colaborativa se han de poder adoptar decisiones acordes con interrogantes como estos : ¿la comunidad donde vivo será más democrática, justa y solidaria? ¿los beneficios de la iniciativa económica será repartido equitativamente entre los participantes directos y la comunidad? el suelo donde vivo ¿será más sano y rico? ¿El agua que fluye en el río cercano estará más poblada de vida y estará más limpia? ¿el aire de mi ciudad será menos nocivo, más puro y respirable? ¿ Se fomentará una cooperación Norte-Sur positiva y significativa?

DAVID  HAMMERSTEIN

  La Unión Europea y los Estados Unidos se enfrentan  a unos precios de medicamentos cada vez más altos, y distintos Estados europeos tienen grandes dificultades para pagar los muy caros nuevos medicamentos patentados. El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), actualmente en negociación, podría suponer una barrera para los necesarios cambios futuros a favor de precios asequibles, un modelo de innovación que responde a las necesidades de salud pública y la creación de unos incentivos alternativos para nuevas terapias.

El acceso a los medicamentos a precios asequibles es imprescindible para asegurar unos tratamientos universales. Desafortunadamente, tanto las posiciones negociadoras de la Comisión Europea así como las demandas de la industria farmacéutica a las autoridades a ambos lados del Atlántico, indican unas claras amenazas al derecho de acceso a los medicamentos esenciales en las negociacione en curso sobre el TTIP. De hecho, el recién negociado Partenariado Trans-Pacífico (TPP) entre los Estados Unidos y los países del pacífico contiene unas provisiones que podrían  tener unos impactos devastadores sobre la salud de la ciudadanía humilde  desde Chile a Vietnam.

Al mismo tiempo la presidencia holandesa de la UE ha cuestionado la excesiva protección de la propiedad intelectual de la cual goza la industria farmacéutica.  La Ministra Holandesa de Sanidad ha apostado por un nuevo equilibrio entre el acceso  y la protección de las patentes para garantizar unos medicamentos económicamente sostenibles.

Nos preocupa que muchas de las propuestas que están siendo consideradas en el TTIP anteponen los intereses de la industria a la salud pública. Si al final quedan encuadradas en el texto acordado, futuros cambios legislativos a favor de un acceso más justo a los medicamentos serían muy difíciles.

TTIP podría limitar la capacidad de gobiernos para negociar precios justos.

El TTIP  podría dar aún más poder a la industria farmacéutica para influir en las decisiones estatales sobre los precios y el reembolso de los medicamentos. Podría debilitar las posiciones negociadoras de los gobiernos que intentan contener los precios de los medicamentos dentro de un análisis coste-beneficio al imponer unos tortuosos procedimientos burocráticos y fechas tope sobre la negociación.   

TTIP podría aumentar las prácticas monopolísticas basadas en la propiedad intelectual.

El TTIP podría extender los periodos de monopolio derivado de las patentes y las reglas de exclusividad mercantil, postergando la competencia entre productos genéricos más asequibles.  El acuerdo del TTIP tenderá a perpetuar las peores normas de ambos lados del Atlántico y así estorbar posibles reformas futuras de las leyes de patentes para favorecer la bajada de precios.

TTIP significa nuevas normas de secretos comerciales.

La UE está a punto de adoptar una directiva que busca armonizar las reglas de secretos comerciales entre sus estados miembros, algo considerado como un requisito para el pacto comercial de TTIP.   Esta Directiva que afecta el marco de propiedad intelectual es una amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la información de la ciudadanía.  Es probable que la Directiva restrinja seriamente el acceso a la información que es de interés público, como son los datos clínicos sobre la eficacia y seguridad de los medicamentos u otra información técnica que facilita la producción de medicamentos genéricos. De hecho, se amplía el ámbito de protección de la propiedad intelectual. También se preparan nuevas y duras reglas sobre los secretos comerciales en los Estados Unidos. Así, dentro del TTIP se plasmará el objetivo de crear una nueva norma internacional para los secretos comerciales.  

El nuevo mecanismo de cooperación regulatoria en TTIP preparará el terreno para aún más influencia de los lobbies farmacéuticos.

La creación de grupos de trabajo permanentes UE-EE.UU sobre la propiedad intelectual, sobre la fijación de precios para los medicamentos y para la consideración bilateral de nueva legislación podría interferir e influir en la independencia de las políticas nacionales de medicamentos.

La inclusión del mecanismo de arbitraje inversores-estado (ISDS) podría perjudicar a la salud pública.
El TTIP permitirá un nuevo sistema en el cual las empresas pueden desafiar extra-judicialmente las medidas nacionales legislativas, jurídicas y administrativas que salvaguardan la salud pública u otros intereses públicos que consideran lesivos para sus intereses comerciales.

El TTIP  podría establecer unos estándares globales que dañan a la salud pública en países de rentas bajas y medias

El TTIP  podría dañar a los pacientes de los países de rentas bajas y medias en los que los recursos disponibles para la sanidad pública son más limitados. Los acuerdos de cooperación regulatoria UE-EE.UU en el TTIP podrían suponer unas barreras a las políticas que los países del Sur utilizan para garantizar el acceso a medicamentos genéricos. Estos países suelen tener instituciones menos fuertes para prevenir los excesos del sistema de propiedad intelectual y para luchar contra los altos precios. En este contexto los sistemas de salud tendrían aún menos capacidad para atender a sus pacientes debido a la escasez de fondos públicos.   

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